23 Ago 2011-DEFENSORA DEL PUEBLO
¿PARA QUE SIRVEN LAS ESCUELAS MARÍTIMAS SI LOS ARMADORES RECURREN A PROFESIONALES DE PAISES EXTRACOMUNITARIOS?
Tras el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura para el sector marítimo-pesquero está la mano negra de quien sólo desea ahorrarse costes laborales.
La Defensora del Pueblo, a instancias de AETINAPE, se encuentra ya estudiando el controvertido tema del Catálogo de Profesiones de Difícil Cobertura, un documento que el Ministerio español de Trabajo publica semestralmente con difusión internacional, y que sirve para fomentar el dumping social y allanar el camino a quienes desean minorar sus costes sociolaborales.
Considerar que las profesiones marítimas necesitan personal extranjero nos obligaría además a desmontar toda la estructura de formación marítimo-pesquera que existe en España, que se considera de las mejores del mundo, tanto por su dotación de centros-que superaron ampliamente las auditorias de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de los que cada curso obtienen sus titulaciones cientos de alumnos)- medios tecnológicos, como por sus resultados. El mantenimiento de estos centros cuesta cientos de millones de euros que financian las Administraciones públicas a través de los impuestos de los ciudadanos, y que ceden ante las presiones de los grupos económicos y solicitan internacionalmente personal barato para ocupar puestos que lógicamente corresponderían a titulados españoles.
El índice de desempleo en el sector profesional marítimo no deja de crecer, apoyado por la globalización del trabajo y ahora también por las Administraciones, ya que resulta una hipocresía poner estos recursos informativos al servicio de quienes ya prácticamente expulsaron a la mano de obra española de nuestra exigua flota, tanto en el sector pesquero como en el transporte marítimo.
AETINAPE recuerda una vez más que los empleos marítimos deben ir equiparándose con los de tierra en cuanto a su calidad laboral, y vuelve a solicitar a los gobiernos que se impliquen en la defensa del empleo autóctono con medidas de todo tipo: desde fiscales y sociales, hasta impedir el acceso a nuestros mercados a productos que no presenten una trazabilidad adecuada, que incluya datos sobre las condiciones sociolaborales del personal que participa en la actividad extractiva. Sólo con medidas de esta naturaleza podrán abordarse los desmanes de quienes llevan años eliminando empleo nacional de la flota española.